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Germán Codina propone un acuerdo nacional por la seguridad y narcotráfico

Un acuerdo nacional para enfrentar el narcotráfico y la delincuencia es la propuesta que el alcalde de Puente Alto, Germán Codina, impulsó a través de una carta que se hizo viral en redes sociales este lunes.

En la misiva, el jefe comunal expone que en el plebiscito de salida del 4 de septiembre pasado, "ganó la sensatez democrática, la misma que sabe que necesitamos como país un buen y nuevo texto constitucional que concite amplio consenso, pero también derechos sociales aquí y ahora, partiendo por el derecho a la seguridad, que es la primera obligación que el Estado debería cumplir". El alcalde remarca: "Atacar con fuerza la delincuencia y el narcotráfico debe estar en la nueva Constitución".

Codina asegura que un acuerdo transversal para enfrentar la delincuencia debe ir a la par con el segundo tiempo del proceso constitucional, porque la seguridad es también un derecho social. Además, también "se puede consagrar ahora el derecho a la vivienda social digna y propia, la no expropiabilidad de los ahorros previsionales y derecho a pensiones dignas. También la paridad de género y una efectiva protección del medioambiente, que son desafíos prioritarios".

-¿Cuál es la situación actual de Puente Alto en materia de delincuencia?
-Tanto Puente Alto como todo Chile enfrentan una crisis importante en materia de delincuencia. La situación de Puente Alto no es algo tan distinto de lo que pasa en el resto del país y sobre todo en la Región Metropolitana. De hecho si usted mira el plano de los lugares donde ocurren más encerronas, corresponde a la zona de Vespucio, a la salida hacia Colina. Cuando miras los diez puntos más críticos tampoco está Puente Alto, pero obviamente la delincuencia ha aumentado.

-¿Cree que no haber establecido una defensoría de víctimas en la propuesta constitucional afectó al resultado del plebiscito?
-En el texto que se rechazó se abordaba muy mal el combate a la delincuencia y eso fue una de las grandes falencias además de no incorporar la defensoría de las víctimas. Creo que ahora es urgente hacerlo. Ahora creo que existe espacio para avanzar rápido en eso, pero no se puede tener, por mientras, a la gente como rehenes esperando un nuevo resultado de un proceso constituyente. Se debe avanzar ahora en el Congreso y que la Constitución después incorpore la seguridad como un derecho adquirido por la ciudadanía. Enfrentar la delincuencia y el narcotráfico ahora no es contradictorio con la redacción de una nueva Constitución.

-¿Cuáles deberían ser las bases para establecer un acuerdo por la delincuencia y el narcotráfico?
-Creo que se tiene que hacer una agenda de corto, mediano y largo plazo y crear una defensoría de víctimas con el mismo estatus y recursos que la Defensoría Penal Pública que defiende imputados y delincuentes. Además, por ejemplo, aún está pendiente el estatuto de protección de las policías en el Congreso. Siento que hay autoridades que cuentan con varios guardaespaldas y por Io mismo no entienden el miedo de la gente a andar por la calle a cualquier hora. La seguridad es el primer derecho social que el Estado debiera asegurar.

-Por qué cree que es necesario un acuerdo, ¿cree que no todos los sectores políticos le han tomado el peso al tema?
-El Presidente había mencionado hace algunos meses la necesidad de llegar a un acuerdo, pero quedó solo en declaraciones porque proyectos asociados a fortalecer la persecución del crimen organizado siguen pendientes. Para que avancen hay que colocarles urgencia a estos proyectos. No podemos seguir en una lista de espera en seguridad.

-En su carta usted habla de un garantismo enquistado como una de las razones de la crisis de seguridad, ¿a qué se refiere?
-Creo que en nuestro país hace ya algunas décadas nos hemos preocupado de financiar la defensa de imputados y delincuentes para garantizarles acceso a la justicia, pero a las víctimas no se les ha brindado un apoyo equivalente y eso ha sembrado impunidad en Chile. Eso creo que es una contradicción vital. Tenemos delincuentes y grupos de crimen organizado que saben que con los impuestos de los mismos chilenos a los que les roban se les va a financiar su defensa. Eso es una contradicción vital.

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