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Rectores divididos ante las soluciones para proceder con la rendición de la PSU
¿Qué debe primar en este contexto?
Es un momento de llamar a la reflexión. Se trata de un momento muy importante en la vida de los estudiantes, e interferir con el derecho (de ellos) genera una reacción contraria muy fuerte en los perjudicados. Me cuesta entender que cualquier joven que quiera un Chile mejor, una Constitución más consecuente con sus ideales, esté poniendo en la vereda del frente a mucha gente, y que lejos de contribuir a un ambiente constructivo, esté haciendo mucho daño.

Nuestra principal preocupación debe ser el bienestar de los alumnos que no pudieron rendir la prueba adecuadamente. Son decenas de miles que necesitan comenzar sus clases con normalidad en marzo y que merecen vacaciones después de tres suspensiones (de la PSU). No es aceptable que los costos de esta crisis recaigan sobre ellos. Las universidades tenemos el deber de adaptar nuestros calendarios para que puedan iniciar sus clases en marzo.

¿Qué futuro le ve a la aplicación de la prueba de Historia?
Tengo la más alta opinión de la historia y defiendo su enseñanza. Pero al margen de eso, creo que es un tema de la factibilidad logística de poder tomar la prueba. La historia es importante y es injusto para los jóvenes que se prepararon mucho no tomarla, pero esto es un tema fundamentalmente de capacidad técnica que de hacer o no el trabajo.

La daría por perdida y les solicitaría a las universidades que vuelvan a publicar sus ponderaciones sin considerarla. No parece factible tomarla a los 200 mil alumnos (…) sin correr un riesgo altísimo de un nuevo sabotaje. Es bueno tener en cuenta que para efectos de asignación de beneficios, la prueba de Historia no se considera. Solo se toma el ponderado de Matemáticas y Lenguaje.

¿Resguardo militar en los recintos de aplicación?
Utilizar esa medida no pienso que vaya a ayudar ni a los militares ni a los estudiantes. Más bien apuntaría a tratar de generar un ambiente de responsabilidad ciudadana y esperaría una evaluación de parte de quienes han promovido el boicot de cuáles son los resultados reales que ha tenido su acción. Meter aquí a los militares es incómodo para ellos y no se entiende, no aparece como parte de un proyecto que busca la reflexión.

La rendición debe ocurrir en locales que cuenten con la mayor seguridad posible. Las alternativas, a mi juicio, son dos: colegios y universidades con resguardo militar, como en las elecciones, o, derechamente, las escuelas matrices de las Fuerzas Armadas y de Orden y de la PDI. Estas cuentan con salas de clases, gimnasios y otros recintos que se pueden adaptar. Si fuera necesario, podrían habilitarse grandes salas en carpas como las de los eventos.

¿Cuánto más se puede esperar?
El tiempo de reacción vence mañana (hoy), el día en que el CRUCh va a estar en condiciones de emitir una opinión. Evidentemente debe haber una solución (…). Es muy importante entender que, en una situación tan anómala como la que vive el país, se deben buscar soluciones y no estar echando culpas.

Hoy, las instituciones y, sobre todo, los rectores debemos poner el interés de estos 300.000 alumnos por sobre cualquier otra consideración y actuar sin demora y con total flexibilidad en establecer cómo se resolverá el problema, que ellos no provocaron, y cuáles serán las reglas que regirán este maltratado proceso.

El debate por el futuro de la prueba de Historia

“Ante un ministerio y una ministra que vuelven a llegar tarde a una problemática grave del país, como lo es el acceso a la educación superior (…). Estamos evaluando recurrir a alguna de las herramientas de fiscalización que la Constitución nos entrega”, aseguró el diputado socialista Juan Santana. Esto porque la bancada del PS está analizando interpelar a Marcela Cubillos.

Es que las consecuencias de que se suspendiera el test para un grupo de alumnos —podrían bordear hasta los 80 mil según rectores—, y que más de 202 mil inscritos no pudieran dar la prueba de Historia, son múltiples, y hoy deberían aparecer las primeras respuestas.

A juicio de Diego Durán, rector de la U. Católica del Maule, “el proceso completo se ha visto dañado seriamente. Chile se había caracterizado por llevarlo de manera pertinente considerando los impactos que tiene, pero un grupo minoritario y de manera violenta lo afectó”. Añadió que “debemos buscar la manera de terminar el proceso. Generar alternativas que permitan a los estudiantes rendir lo que falte, entendiendo que el clima igual será tensionado”.

“Una cosa es criticar válida y legítimamente en una democracia un instrumento de selección como la PSU, pero otra cosa es lo que se hizo. Y lo que se hizo es inaceptable y merece la condena más enérgica porque se vulneraron derechos de los postulantes y familias”, recalcó el rector de la U. Católica de Valparaíso, Claudio Elórtegui.

Los problemas por solucionar

Entre las preguntas que deben zanjar hoy los rectores —luego de haberse reunido anoche de forma urgente, y haber tenido una serie de encuentros durante la jornada— están las fechas de las nuevas rendiciones, los recintos donde se aplicarán los exámenes y qué pasará con la rendición de la prueba de Historia.

Respecto a ese último punto, según comentan autoridades universitarias, la aplicación de ese examen se vería complicada por temas de logística, y poder conseguir, en un corto plazo, espacios que puedan albergar a estudiantes. Ante ese panorama, ha surgido la opción de que las universidades sean sedes de rendición. En cuanto a las pruebas, el Demre cuenta con pruebas de emergencia impresas, pero el stock varía según la materia.

Junto con el aspecto técnico, hay opiniones dispares entre los rectores. La máxima autoridad de la U. Central, Santiago González, dijo que sería muy injusto sacar Historia del proceso, “porque hay muchos jóvenes que sabiendo que era una prueba importante se prepararon y si la eliminamos estamos perjudicando a una cantidad importante de estudiantes”.

Mientras, Eduardo Hebel, rector de la U. de La Frontera, apuntó a que “no tenemos la capacidad resolutiva para una nueva prueba que estén dando 200 mil estudiantes, pero creo que sí podemos ofrecer a aquellos que no dieron las pruebas obligatorias, que son aproximadamente un 20% (de los inscritos), la opción de darlas”.

¿Dónde rendir?

Otra arista de discusión es la que abrió ayer el rector de la U. del Desarrollo, Federico Valdés, al proponer utilizar, entre otros, recintos militares como sedes. En esa postura coincide el rector de la U. Mayor, Rubén Covarrubias.

Pero el rector de la Ufro asegura que “no sería una buena señal dar una prueba de estas características con militares”. Mientras, Celso Arias, autoridad de la U. de Atacama, declaró que no es una postura que se tenga dentro del CRUCh.

Para Durán “es lamentable que sea una posibilidad: muestra la incapacidad de actuar sin resguardo militar. Es traspasar la responsabilidad del orden a los militares y eso es un retroceso en el país”.

Desde el Gobierno, el subsecretario del Interior, Juan Francisco Galli, indicó que son los rectores y el Demre los que determinarán “las medidas más apropiadas para rendir adecuadamente la nueva prueba que tendrán que dar los estudiantes”, aunque agregó que “vamos a estar disponibles a colaborar con análisis de riesgos y con las medidas de seguridad que sean necesarias, y en la determinación de cuáles son los recintos apropiados”.

Así, sostuvo que si se opta por “recintos públicos, policiales o de las Fuerzas Armadas, siempre estaremos disponibles para colaborar”.

CNED llama a “salvar el proceso de admisión”

El Consejo Nacional de Educación (CNED) se refirió a la compleja rendición de la PSU y enfatizó la importancia de “salvar el proceso de admisión”. A través de un comunicado, la instancia asegura que los eventos ocurridos son “graves y no pueden sino ser rechazados, pues afectan los derechos y la libertad de los estudiantes, su tranquilidad, sus aspiraciones, esperanzas y sueños, así como los de sus familias”.

Se afirma, además, que lo ocurrido está “enmarcado en los episodios del estallido social y el debate que debe darse sobre los cambios necesarios a nuestro orden social, las instituciones y su legitimidad”.

El CNED también dice que no desconocen que la PSU ha sido objeto de críticas que han sido conocidas desde hace tiempo y que “son compartidas por buena parte de los especialistas y la ciudadanía”. En ese sentido, apunta a que se debe “diseñar delicadamente una estrategia para asegurar a los estudiantes que participan del proceso la transparencia, validez y confiabilidad del actual instrumento y sus resultados”.

A su juicio, el CRUCh debe “generar los mecanismos necesarios para garantizar a los estudiantes que no pudieron rendir todas o algunas de sus pruebas, que lo hagan en las mejores condiciones”.

En el texto, el Consejo también asegura que la Ley de Educación Superior crea un nuevo sistema de ingreso que “representa una oportunidad cierta de superar razonablemente (…) las debilidades del actual sistema de acceso, y transitar a uno nuevo, ahora más equitativo”.

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