Completamente destruidos resultaron dos buses del sistema RED, que la mañana de este jueves fueron incendiados por unos 50 encapuchados, varios de ellos enfundados en overoles blancos, en las cercanías del Liceo de Aplicación, en la comuna de Santiago. El problema para el Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones es que no se trata de un hecho aislado. Según sus cifras, sólo en lo que va del año se han perdido 15 máquinas por causa del vandalismo, las que se suman a las 56 del 2022. Estas perdidas estresan el sistema y alargan los tiempos de espera de los usuarios, ya que hay que transportar a la misma cantidad de pasajeros, pero con menos micros.
El ministro Juan Carlos Muñoz dice: "Condenamos categóricamente lo ocurrido. Atacar un bus, es atacar personas, trabajadores y estudiantes que necesitan transporte público, además de dañar nuestra convivencia; por ello nuestro repudio y condena ante estos actos injustificables que deben ser erradicados", sentenció.
No es para menos, si se toma en cuenta que el precio de los buses varía entre USD 210.000 y USD 320.000, dependiendo de si se trata de una unidad de 12 metros o una articulada. Esos montos aplican para máquinas con motores diesel, porque si hablamos de buses eléctricos, los montos parten en USD 280.000 y llegan a USD 560.000, en el caso de los que cuentan con dos pisos.
Sobre las llamadas zonas calientes o lugares donde más micros se vandalizan, el teniente Daniel Medina, del Departamento de Comunicaciones Sociales de "para algunas fechas Carabineros, detalla que, emblemáticas, como el Día del Joven Combatiente, sectores como Villa Francia en Estación Central suelen presentar desmanes con quema de buses, mientras que el resto del año la atención está puesta en las inmediaciones de la USACH y de algunos liceos emblemáticos, como el Aplicación y el Instituto Nacional Barros Arana (INBA)".
Quien no le ve una salida rápida a esta ola de quemazones, es el gobernador Metropolitano Claudio Orrego, quien acusa mano blanda con los detenidos. "No es primera vez que el Ministerio Público, la policía y las demás autoridades que tienen a cargo el tema de la seguridad, no llevan a estas personas a la justicia, para que de una vez vayan a la cárcel, donde tienen que estar", asegura.