El subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, dijo el miércoles en la comisión de la Cámara de Diputados y Diputadas que investiga el otorgamiento de pensiones de gracia, que del total de 148 de estos beneficios otorgados a quienes sufrieron algún tipo de menoscabo durante el estallido social, "40 personas registran antecedentes penales", y agregó que al momento de otorgarlas "se respetó rigurosamente el reglamento que establecía el procedimiento", el cual fue fijado a través de una resolución exenta del 4 de enero del 2022, durante el gobierno anterior.
"En ninguno de los acápites de ese reglamento se considera como requisito solicitar los antecedentes penales", expuso Monsalve y aclaró que dado que el Presidente de la República es quien otorga las pensiones, "si él lo estima pertinente podría revocar el beneficio". Durante la administración de Sebastián Piñera se entregaron 148 pensiones (17 con antecedentes penales, y en el actual gobierno 270 pensiones (23 con antecedentes). Agregó que en general "son delitos menores y causas antiguas", aunque también "hay excepciones".
Los montos de los beneficios, que se entregan de por vida, tienen tres rangos: $283.619 mensuales (a 39 personas con lesiones leves); $425.428 (a 221 individuos con lesiones graves) y $567.238 (1 58 personas con lesiones gravísimas o fallecidas y, en este caso, lo reciben familiares).
El procedimiento
Las pensiones de gracia en general están reguladas en la ley 18.056 y establece que deben ser dirigidas al Presidente de la República. Se otorga a quien ha "prestado servicios distinguidos o realizado actos especialmente meritorios en beneficio importante del país, más allá de su personal deber", también a los afectados por accidente o catástrofe "respecto de las cuales existan circunstancias extraordinarias que justifiquen el otorgamiento de una pensión", así como a personas que "se encuentren incapacitadas o con graves e insalvables dificultades para ejercer labores remuneradas".El diputado Henry Leal (UDI), presidente de la comisión investigadora, explica que el artículo 60 de esta ley "establece una facultad general al Presidente de la República para entregar estas pensiones de manera genérica. Aún cuando no se cumpla con los requisitos previamente señalados, el Presidente las puede otorgar mediante un decreto supremo fundado".
Las pensiones de gracia se pagaron a través de la ley de Presupuesto. En 2022 se hizo observando con dos glosas de la partida del Tesoro Público, en la asignación "jubilaciones, pensiones y montepíos". La glosa 12 indica: "Con cargo a estos recursos se podrá considerar como beneficiarios, a personas afectadas en el contexto de las manifestaciones iniciadas en el mes de octubre de 2019, conforme a lo establecido en la ley N° 18.056". Y la glosa 15 establece: "Con cargo a estos recursos se podrá considerar como beneficiarios a aquellas víctimas de violaciones a los derechos humanos acreditadas por el Instituto Nacional de Derechos Humanos que a causa de sus lesiones sufran un menoscabo permanente, completo o parcial, de su capacidad de trabajo, desde el 18 de octubre de 2019 en adelante".
Leal detalla: 'El gobierno solo hizo uso de la glosa 12, la que no exigía acreditar menoscabo permanente, y en virtud de eso otorgó las pensiones de manera genérica, por lo tanto, aquí no hubo una calificación médica. No se chequeó que no tuvieran antecedentes penales, es un estándar mínimo, porque son pensiones de por vida, con plata de todos los chilenos, a una persona que tiene lesiones leves, y además algunos son delincuentes". En la comisión indagan por qué, aunque participó el Instituto de Derechos Humanos en la acreditación, solo se aplicó la glosa 12.
Los beneficiarios de esta pensión fueron seleccionados por el consejo del Instituto Nacional de Derechos Humanos, que acreditaba la calidad de víctima de las personas y los enviaba al Departamento de Acción Social del Ministerio del Interior, que analizaba nuevamente los antecedentes y emitía un informe que se enviaba a la comisión asesora especial del Presidente en materia de pensiones de gracia. Finalmente se emitía un informe donde se recomendaba aprobar o rechazar las solicitudes, para que el Presidente decidiera a quién las otorgaba.
En la ley no quedó claro qué instancia debía verificar los antecedentes penales, cuestionan en la comisión, solo se pidieron algunos antecedentes sobre el estado de salud del solicitante y cómo ocurrieron los hechos. Los diputados oficiarán a la subsecretaría del Interior para que entregue los nombres de los 40 beneficiados.
Andrés Jouannet (Amarillos) sostiene: "Este gobierno se supera a sí mismo. No puede ser que no hayan chequeado a las personas a las que les iban a dar el indulto antes y ahora nos salen con esta segunda empanada. Me entran las dudas si efectivamente son delitos menores". Andrés Longton (RN) agrega que "mientras tenemos víctimas del terrorismo o la delincuencia que no han sufrido ningún tipo de reparación, vemos a condenados por delitos o en procesos judiciales que reciben pensiones de gracia. Hay 39 personas que por solo una sacudida o un pequeño golpe reciben pensiones de casi $300.000 para toda la vida. Es tremendamente cuestionable".