Una mejor vida fue lo que imaginaron María José Hurtado y Carlos Arancibia, cuando el 2017 decidieron dejar Antofagasta y partir a vivir a Illapel, gracias a una oportunidad laboral de él.
En ese entonces la pareja esperaba a su segundo hijo, con un embarazo completamente normal. Hurtado, de entonces 24 años, llegó a Illapel con seis meses de gestación y siguió controlándose en el Hospital de Illapel.
Pasada la semana 38, le programaron una cesárea, debido a que presentaba el cuello del útero muy cerrado. El 20 de enero la mujer entró a pabellón sin complicaciones. A las 12.15 su hijo nació en perfectas condiciones. Se lo acercaron para que le diera un beso y se Io llevaron. Después, ella fue derivada a una sala de recuperación por unos minutos y finalmente a una sala normal de visitas. Ahí, cuenta "partió el calvario".
"Estaba acostada y de repente empecé a sentir la parte de abajo muy húmeda. Me toqué y era sangre. A los minutos había un río de sangre alrededor mío. No entendía por qué estaba pasando eso, si se suponía que había salido todo bien. Tampoco tenía un dolor distinto a la cesárea", relata María José Hurtado.
En ese momento, recuerda, no habían enfermeras, porque estaban en hora de colación. "Por suerte iba pasando una señora del aseo, que me ayudó a cambiar las sábanas. Ella buscó ayuda, pero yo ya me estaba desvaneciendo. Desde ahí no recuerdo nada más", dice.
El banco de sangre
Este lunes, se conoció el fallo del Segundo Juzgado de Letras de La Serena que ordena al Servicio de Salud de Coquimbo a pagar una indemnización de $80.000.000 a una paciente que fue sometida a una histerectomía de urgencia en el Hospital de Illapel, tras presentar una hemorragia posparto, que obligó a la extirpación de su útero, al no contar el centro de salud con banco de sangre. Esa paciente es María José Hurtado.Ese 20 de enero de 2017, y tras perder la consciencia por la hemorragia, María José fue diagnosticada con inercia uterina. Según describe la sentencia, los médicos solicitaron plasma fresco y concentrado de plaquetas, pero no existían en el banco de sangre. Tras agravarse su estado, los profesionales le realizan la extracción total del útero.
"Se le realiza una histerectomía total y salpingo- oforectomía derecha, por sangrado persistente con hematoma del meso, se lesiona la vejiga, la que se sutura y se deja con sonda de cistostomía", detalla el fallo.
A pesar de la operación, un par de horas más tarde, la mujer volvió a presentar sangrado. Fue intervenida por tercera vez, ante lo cual se solicitó al banco de sangre procesar sangre fresca. La respuesta fue que no había medios para ello.
María José sufrió tres paros cardio-respiratorios. Fue trasladada a la Urgencia Hospital de Ovalle y luego al Hospital de Coquimbo, donde lograron estabilizarla. Casi dos meses después, el 16 de marzo del 2017, fue dada de alta.
"(...) quedó acreditado que en el Hospital de Illapel, donde la paciente fue intervenida para practicarle una cesárea, y donde ocurrió la hemorragia, no tenía banco de sangre. Pero no solo no tenía banco de sangre: no tenía sangre, plasma ni concentrado de plaquetas, elementos que los propios médicos que la atendieron estimaban necesarios para el control del sangrado", sostiene el fallo de la jueza Ghislaine Landarretche, que estableció la responsabilidad del Servicio de Salud de Coquimbo.
"El Estado, el Servicio de Salud demandado, falla en su deber de asegurar la salud a sus ciudadanos, si no provee de sangre, plasma y plaquetas, a un hospital en que se realizan intervenciones que conocidamente pueden provocar una hemorragia que se trata, justamente, con la sangre y sus derivados", agrega el fallo, que también ordena indemnizar al marido con $10.000.000.
Desde Antofagasta, a donde retornó con su familia, María José Hurtado dice estar contenta, pero insiste en que nadie le va a devolver todo Io que sufrió.
"No pude estar con mi guagua hasta que me dieron el alta. Ahí recién lo tuve en mis brazos. Mi marido tuvo que dejar su trabajo para poder cuidarlos. Ya no podré tener más hijos. Mi autoestima se fue al suelo. Todos los días me veo mi abdomen lleno de cicatrices", dice.
"Fue un caso complejo, tramitado en plena pandemia. El resultado nos alegra, genera un precedente para que en ningún otro centro asistencial de comunas exista otra María José", dice el abogado Camilo González Miranda, del estudio jurídico Leppes&Cia.