El gobernador (s) de Talca, Germán Verdugo, informó este jueves que se dictó una resolución para el desalojo de terrenos fiscales donde se han construido más de 20 casas en los últimos años, en el ventoso borde costero de playa Puerto Maguillines, al sur de Constitución. La comunidad, que comenzó con un par de solicitudes de concesiones marinas para establecer escuelas de surf, con el tiempo se amplió a otros servicios turísticos, al punto de que se han levantado lugares de alojamiento.
Por ejemplo, un lodge en ese lugar ofrece dos noches de jueves a domingo por una tarifa de más de $112.000, a través de la plataforma Booking. Todo con wifi gratis, parking, hamacas, sanitización en tiempos de Covid-19, frente al mar. La evaluación de los usuarios es de 9,3 de 10.
"Con fecha 23 de abril se dictó la resolución, donde se otorga el auxilio de la fuerza pública para los efectos de proceder al desalojo solicitado por la capitanía de puerto", precisó el gobernador Verdugo. Los afectados, en su mayoría profesionales y que no han reaccionado a la medida, han sostenido que todo está en regla, ya que se está tramitando su concesión marítima.
Autoridad marítima
El gobernador marítimo de Talcahuano y con jurisdicción en Constitución, comandante Srdjan Darrigrande, precisa que lo ordenado por el gobernador Verdugo es un oficio enviado a Carabineros, como fuerza pública, y a la autoridad marítima, que es la capitanía de puerto, "para que efectúen las coordinaciones y finalmente se ejecute este desalojo".
Darrigrande explica que no hay fecha específica para el trámite y que eso lo debe determinar el gobernador provincial.
"No estamos hablando de un desalojo por la fuerza. Cuando se solicita el auxilio de la fuerza pública, en el fondo, es para que haga cumplir una resolución de la autoridad administrativa", precisa el comandante. A su juicio, los ocupantes deberían abandonar "voluntariamente el lugar", que está bajo jurisdicción de la Armada y, por ende, del Ministerio de Defensa.
Lo que ocurrirá con las construcciones luego del desalojo lo debe resolver el municipio.
El capitán de corbeta Diego Aguilera, capitán de puerto de Constitución, explica que el trámite es extenso y no se ejecuta de un día para otro. Se excusó de informar los plazos en que se concretará. "Hay desalojos que son inmediatos, otros en que se establecen plazos de un día para otro o de una semana para otra, dependiendo de las condiciones, de qué personas los estén habitando 0 cómo. Todo requiere un análisis", explica.
El capitán de puerto reconoce que hay algunas solicitudes de concesiones marítimas de quienes están en terrenos de la playa Puerto Maguillines, pero todo eso está en trámite en la Subsecretaría para las Fuerzas Armadas.
En el mismo saco
Carla Scheel, propietaria de la escuela de surf Punta Sureña en playa Puerto Maguillines, lamenta que "nos estén metiendo a todos en un mismo saco" y que no sabe mucho del proceso de desalojo.Carla cuenta que a ella le gustaba mucho el surf de pequeña y que no la dejaban practicarlo en medio de sólo hombres, por eso decidió instalar el 2016 una escuela de esta disciplina sólo para niñas.
Para eso, además, levantó una pequeña cabaña.
'"Tengo mi escuela ahí, no tengo problemas con nadie. Estoy en espera de lo que va a pasar. Estoy tramitando mi concesión desde hace varios años", explica.
"He hecho varios eventos junto con la municipalidad, como campamentos de surf y escalada con niños. Nunca he tenido ningún problema. Desde hace un año y medio se empezaron a instalar otras personas", cuenta.
Agrega que "la mayoría de las personas que están acá pidieron concesión para hacer una cosa y están haciendo otra completamente diferente".
Carla Scheel dice que está tranquila y que hay en ese lugar "gente a la que no le importa nada".
Construcciones
El juez de policía local de Constitución, Romilio Gutiérrez, explicó en la página web del municipio que una cosa es la legalidad de la ocupación del terreno por esas personas, lo que corresponde a la Armada, y otra son las construcciones sin autorización, que es tuición de la Dirección de Obras Municipales.Dice que para el afectado queda el camino de acatar el fallo y pagar una multa, lo que no impide que "el alcalde dicte un decreto de demolición".