Firma quincenal y arraigo nacional. Esas fueron las medidas cautelares que el Tercer Juzgado de Garantía decretó este lunes en contra de Pablo Cordero (42), organizador de la fiesta clandestina de un hotel del Barrio Bellavista, que terminó con 68 personas detenidas este domingo, entre ellas la actriz Claudia Burr.
Ella, recordada por sus personajes las teleseries noventeras "Sucupira" y "Aquelarre", entre otras, así como el resto de los asistentes a la celebración, quedaron en espera de la citación a la fiscalía por el delito contra la salud pública.
Según expuso en la formalización la fiscal Natalia Véliz, de la Fiscalía Centro Norte, el imputado "convocó a una fiesta clandestina con cobro de entrada, venta y consumo de alcohol al interior del inmueble ubicado en Gral. Ekdhal #1 51, comuna de Recoleta".
En este edificio, que data del año 1920, funcionó hasta agosto un hotel boutique, que quebró luego del estallido social y la pandemia.
En dicho lugar, continuó la persecutora, "se encontraban 68 personas, sin el cumplimiento de las medidas sanitarias recomendadas por la autoridad, esto es el distanciamiento físico y el uso de mascarilla, poniendo en riesgo de esta forma la salud pública".
Una historia totalmente diferente fue la que relató al tribunal el abogado defensor. Según él, Cordero estaba celebrando su cumpleaños y "no pudo controlar cuantas personas llegaron".
También argumentó que en la comuna de Recoleta, que en ese entonces se encontraba en fase 4, se permitían las reuniones sociales de hasta 50 personas en espacios cerrados y 100 en espacios abiertos. Y dado que el hotel boutique tiene un antejardín y un patio al aire libre, "era posible llevar a cabo la fiesta donde mi defendido fue sorprendido".
"Tampoco habían contagiados entre los asistentes, ni en registros (sanitarios) que pudiera dar cuenta de que existía este riesgo de propagación", agregó el defensor.
Además desestimó el testimonio de uno de los guardias de seguridad que declaró que en la fiesta se cobraba $10.000 por el ingreso. Según la fiscal, los vigilantes tenían una lista de invitados organizada en una planilla.
Finalmente, el juez Rodrigo Palma, resolvió que en este caso "hay más que una mera desobediencia a una norma de la autoridad dictada en tiempos de catástrofe, en Estado de Excepción, toda vez que la conducta del imputado fue idónea para poner en peligro la salud pública".
"El contacto estrecho entre personas en lugares pequeños en una fiesta clandestina, y con personas que pueden ser eventualmente asintomáticas, puede generar un riesgo de contagio o propagación de la enfermedad del Covid-19", comentó.