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En prisión preventiva queda sospechoso de incendiar la iglesia de Carabineros

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En prisión preventiva queda sospechoso de incendiar la iglesia de Carabineros
Cenizas que manchan la vereda y enrarecen el aire, riachuelos de hollín que fluyen por las calles y decenas de personas que, por cercanía o curiosidad, se reunían para observar la destrucción que dejó el incendio en la iglesia San Francisco de Borja, donde Carabineros despide a sus fallecidos en actos de servicio, luego del ataque que encapuchados perpetraron el viernes.

Ese era el ambiente que se vivía en la mañana de ayer en el 160 de la calle Carabineros de Chile, en el centro de Santiago, al día siguiente de un nuevo enfrentamiento entre vándalos y policías, algo —a estas alturas— casi habitual en los viernes de la crisis social que estalló el 18 de octubre.

Este 3 de enero, en medio del repliegue que tuvieron que hacer al verse sobrepasados por los manifestantes, los carabineros se concentraron en la calle del recinto religioso.

Pese a ello, los encapuchados lograron encender focos de fuego en los alrededores y luego en la iglesia misma. Cuando la situación parecía más controlada, personal del OS-9 comenzó a seguir a uno de los presuntos autores del incendio, al que grabaron.

Fiscal: el imputado “generaba focos y avivaba otros”

La fiscal Macarena Cañas, jefa de la unidad de flagrancia de la Fiscalía Regional Metropolitana Centro Norte, explicó que se habría tratado de un “incendio provocado, atribuible a terceros”, y que el hombre sindicado como presunto autor “fue filmado en momentos en que generaba focos de fuego y avivaba otros”, y que incluso fue grabado cuando “cambia su ropa, trata de desprenderse de las mismas y la arroja en una fogata para no ser identificado”. Tales evidencias, finalmente, llevaron a la detención de Gerardo Leal Robles, de 26 años, pasadas las 20:00 horas del mismo viernes, en la intersección de Diagonal Paraguay con Lira.

Ayer, en la audiencia en que se lo formalizó por el delito de incendio —cuya pena varía entre cinco años y un día y veinte años de cárcel—, el fiscal Mauricio González detalló que el imputado fue “grabado por dos funcionarios policiales al interior del templo” y que en las imágenes se ve cómo “genera los focos de incendio, quemando fardos, quemando mesas de madera, quemando estructuras que estaban cercanas al altar de la iglesia”, registro “que se hizo para ubicar a este imputado adentro del templo religioso”.

Por ello, y aunque la defensa planteó que el seguimiento de la policía no fue continuo, el magistrado Jaime Fuica decretó la medida cautelar de prisión preventiva para Leal, por ser proporcional a la pena del delito que se le imputa y por ser considerado un peligro para la sociedad. Además, otorgó 75 días para investigar los hechos. Leal no tiene antecedentes policiales, dijo el fiscal González.

General Rozas: “Estamos muy golpeados”

Ayer, el general director de Carabineros, Mario Rozas, visitó la iglesia junto al ministro del Interior, Gonzalo Blumel; el subsecretario del Interior, Juan Francisco Galli, y el intendente metropolitano, Felipe Guevara, para establecer los daños que dejó el fuego y analizar los pasos a seguir.

Rozas defendió el operativo desplegado el viernes, que según detallaron en la institución fue distinto al controvertido copamiento preventivo de Plaza Baquedano (ver nota en C 2). “Lamentablemente —reconoció—, terminó en el incendio de este templo, que para nosotros como institución representa mucho, sobre todo en la parte doctrinaria, de tradición e historia, en el sentido de que muchos de nuestros mártires han sido acá velados y los hemos despedido; por lo tanto, estamos muy golpeados”.

El general director llamó a la ciudadanía a aislar a los vándalos —“lo que se vio ayer no son expresiones de la comunidad”, sostuvo— y aseguró que Carabineros seguirá desplegando todos sus medios logísticos y humanos para controlar el orden público.

Galli anunció que se presentarán acciones legales contra quienes resulten responsables, aunque no precisó si invocará la Ley de Seguridad del Estado.

En cuanto al templo atacado, el subsecretario del Interior resaltó que más allá de su estructura arquitectónica —los daños fueron avaluados en unos $70 millones por la Capellanía de Carabineros—, es un monumento que recuerda a los mártires de la policía uniformada, “carabineros que entregaron su vida para proteger a los chilenos”, altruismo que —según él— iría en directa relación con “nuestra misión como Ministerio del Interior, como intendentes, gobernadores y carabineros, que es proteger y resguardar los derechos de los chilenos”.

La quema del templo no solo afecta a la policía uniformada. Desde la organización Voces Católicas, Magdalena Lira, también directora interina en la Fundación Ayuda a la Iglesia que Sufre, recordó que este siniestro se suma a los otros que han dañado a parroquias, y que se trata de atentados “que no solo afectan a los católicos, sino a la sociedad en su conjunto. En cada incendio o saqueo a un templo se está violando un derecho fundamental, consagrado en la Declaración de Derechos Humanos de Naciones Unidas, que es el derecho a la libertad religiosa”.

Concuerda con ella el director del Instituto Nacional de Derechos Humanos, Sergio Micco, quien además condenó la profanación de la cripta del teniente Hernán Merino Correa —mártir de Carabineros fallecido en Laguna del Desierto en 1965, en un incidente con gendarmes argentinos—, porque “el derecho a enterrar a los seres queridos y respetar su sepultura se considera un derecho sagrado (insacrificable, laicamente hablando) desde los albores de la humanidad, por lo que su violación es especialmente repudiable”.

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