Este jueves se realizó el control de detención en Los Vilos, en la región de Coquimbo, de un sujeto que es vinculado al Tren de Aragua. Se trata de un caso del año pasado, pero que esta semana cobró relevancia luego de que el lunes una jueza lo dejara libre junto a otros cuatro imputados, a quienes se les atribuye un secuestro, entre otros delitos.
En un primer momento los dardos apuntaron a la jueza Daniella Pinto, pero poco a poco se fueron conociendo más antecedentes que apuntan al desempeño del fiscal que envió el Ministerio Público y que se terminó llevando un buen reto de parte de la Jueza.
El caso
En la audiencia que se realizó el lunes en el Tribunal de Garantía de Los Vilos se debían revisar las medidas cautelares de los cinco imputados, quienes estaban en prisión preventiva. Las defensas solicitaron cambiar la medida por arresto domiciliario, firma mensual y arraigo nacional.El fiscal Luis Soto intentó que eso no ocurriera, pero según se entiende a partir de los audios de la audiencia, la jueza consideró que los argumentos esgrimidos por el representante del Ministerio Público, un abogado asistente de la fiscalía, no eran suficientes. Por lo que luego de escuchar a Soto lo increpó por el nivel de sus intervenciones, considerando la relevancia de la causa.
"Pero es que tiene que ser más preciso, fiscal. Si las defensas están haciendo alegaciones precisas, usted me tiene que responder de forma precisa. Yo conozco los antecedentes, pero no me puede decir todo se mantiene, esto está tal cual", recriminó la jueza.
El intercambio continuó y la magistrada le lanzó frases como "es que no me da ningún antecedente concreto, fiscal. Usted tiene que venir con un estudio acabado de la causa".
En un punto la jueza finalmente se aburrió de lo que escuchaba desde el frente y tomó una determinación: "Ya, como primera cuestión yo voy a oficiar al fiscal de Los Vilos para hacerle presente que el fiscal que se encuentra en dependencias del Tribunal, a propósito de la revisión de medida cautelar, no conoce cabalmente los antecedentes que motivaron las incidencias planteadas las por defensas".
Y, con la paciencia colmada, se sinceró: "Oiga, esto me parece pero impresentable? ¡impresentable! Porque estamos hablando de una de las causas más emblemáticas que tiene la Fiscalía Local de Los Vilos y usted me está haciendo alegaciones de este tipo".
Incluso mandó al abogado a leer un artículo: "¿Sabe lo que dice el 142 bis? Fiscal, lea el artículo, léalo. Léalo por último, porque lo que usted está haciendo en este momento no corresponde, no procede".
La resolución
La jueza, ante el exiguo desempeño del fiscal, no pudo hacer otra cosa que cambiar la medida cautelar de prisión preventiva previo pago de una caución de $5 millones cada uno. En ese momento, representante del Ministerio Público debería haber apelado a la medida. De esa manera, los sujetos habrían quedado en prisión hasta que la Corte de Apelaciones resolviera. Pero no lo hizo y quedaron libres.Este miércoles, la Corte de La Serena revisó el caso y decidió revertir la medida de la jueza y dictaminó la prisión preventiva. Hasta ahora, sólo uno de ellos se presentó ante la PDI. De los otros se desconoce el paradero.
Respecto a lo que ocurrió el lunes en el Juzgado de Los Vilos, la Fiscalía Regional de Coquimbo informó que realizará una investigación administrativa.
Culpas compartidas
El abogado Carlos Gajardo, quien llevó causas emblemáticas cuando fue fiscal y que, por lo tanto, conoce el sistema procesal penal, identifica las responsabilidades en este caso. "Hay un pésimo desempeño del abogado que se presentó por la Fiscalía a defender la prisión preventiva en esta causa, que no estaba preparado, que no tenía los antecedentes, que no conocía la carpeta y que tampoco hizo uso de una herramienta que era evidente que había que usar, como haber apelado verbalmente de la libertad de los imputados", comenta.También apunta un poco más arriba: "Pero también hay una responsabilidad adicional de la jefatura de esa Fiscalía, que envió a esta importante audiencia a un abogado asistente con poca preparación y muy poco tiempo de experiencia en la Fiscalía. Entiendo que llevaba cinco meses en la Fiscalía. Si usted manda al último de la fila a hacer el trabajo más importante, la culpa es de quien está tomando esa decisión", afirma.
Para Gajardo, esas no son las únicas culpas. "Me parece que la actuación de la jueza tampoco es correcta, porque ella, por supuesto, tiene el derecho a representarle a la Fiscalía el mal trabajo que se está haciendo, la falta de preparación, etcétera, y si eso fue tan evidente, como efectivamente lo fue, lo que ella tendría que haber hecho es haber suspendido la audiencia, haber oficiado inmediatamente a la Fiscalía Regional y a la Fiscalía Local para que concurriera un fiscal que estuviera al tanto de la causa", dice.
No sólo eso. "Ella tomó finalmente esa decisión sólo escuchando a una parte, a la defensa, y eso no es posible", explica. "El castigo tiene que ser a la Fiscalía y no al conjunto de la sociedad. Acá lo que terminó sucediendo es que la jueza, con su decisión, nos castiga a todos nosotros, porque deja en libertad a un grupo de imputados muy peligrosos", reflexiona.