Luego de cinco años de pelea judicial, la Corte Suprema zanjó el caso. Una beneficiaria de una vivienda social, en la comuna de Placilla, en Valparaíso, deberá devolver el departamento obtenido con subsidio habitacional del Ministerio de la Vivienda, por no acreditar y demostrar que vivía en él. La mujer lo tenía en arriendo.
La medida fue tomada por el Servicio de Vivienda y Urbanización (Serviu) de Valparaíso como parte del proceso de fiscalización que hace de forma aleatoria a todas las viviendas financiadas con subsidio. En una inspección realizada en 2017, el organismo detectó en varias visitas que la beneficiaria -Liliana Canales -no vivía en el lugar y había un tercero en él. Cuando fue citada para dar explicaciones, no entregó pruebas suficientes que acrediten su domicilio, como el pago de cuentas de luz, agua o gas a su nombre, correspondiente a la fecha de los acontecimientos.
De esta manera, por la vía administrativa se le pidió devolver el departamento asignado para entregárselo a otra persona que lo necesitara. Y aunque ella demandó, la Suprema falló a favor del Serviu.
"Las declaraciones de ella no fueron concluyentes de que se encontraba viviendo en el lugar, ni su grupo familiar Se le pidieron pruebas sencillas como las boletas de servicios básicos y se le excluyó del beneficio como sanción ya que lo que no se quiere es que se lucre con la propiedad y se esté utilizando mal el beneficio. Son casos que ocurren, pero no se conocen mucho públicamente", dice el abogado y director de la clínica jurídica de la Universidad del Alba (ex Pedro de Valdivia), Alejandro Birman.
Acceder a propiedades con apoyo de subsidios del Estado, ya sea para sectores vulnerables o de clase media, y poder obtener la vivienda propia, conlleva a cumplir con una cláusula en que la persona se compromete a vivir en ella por un tiempo determinado y no se promuevan "malas prácticas" como que las usen terceras personas.
Los plazos dependen del subsidio: quienes obtengan el DS-49 para sectores vulnerables, no pueden venderla, arrendarla ni cederla a un tercero por un plazo de 15 años, mientras que aquellos que compraron con apoyo para sectores medios, tienen un tiempo de cinco años.
"La política habitacional está pensada para que una vez en la vida una persona pueda recibir un subsidio y eso tiene que ir de la mano con un comportamiento adecuado de ello. Hay restricciones porque es una forma de que se garantice el buen uso de los impuestos con que se financian estas viviendas y que son de todos los chilenos. Hay una exigencia de vivir en la vivienda que se entrega y no se use con un fin distinto", dice el exministro de Vivienda y académico de Derecho de la Universidad San Sebastián, Felipe Ward.
Los Serviu de cada región hacen fiscalizaciones presenciales como parte de sus funciones, pero también por denuncias de vecinos que informan estas malas prácticas.
"Los grandes fiscalizadores son los mismos vecinos que pueden constatar que una familia está usando la propiedad como negocio o para el arriendo", añade Ward.
Fernando Bravo, subdirector de Asuntos Jurídicos del Serviu de la Región Metropolitana, explica que en los últimos tres años se ha pedido la restitución de sólo 45 viviendas luego de las fiscalizaciones. El modo de proceder es hacer tres visitas al lugar. Dice que Io que administrativamente se hace es exigir el monto del subsidio al valor de la UF actual.
"Si el beneficiario no paga, se adjudica la vivienda al Serviu", explica.
Carlos Herbach, gerente comercial de Boetsch Inmobiliaria, acota que las mayores fiscalizaciones se hacen a los proyectos de sectores vulnerables.
"Las fiscalizaciones a subsidio de clase media son menores, si hay irregularidad el Serviu pide la restitución del monto entregado, por ejemplo, 400 UF, pero es complejo hacerlo porque hay una escritura de una propiedad que está financiada también por bancos. Pero pasa", dice.
Como las inspecciones sólo buscan garantizar el buen uso de las viviendas, si alguien tiene que cambiarse de ciudad por trabajo o tiene motivos de salud para no usarla en ese plazo, el Serviu da permisos especiales.
"Si se informa y tiene respaldo, se puede vender o arrendar la vivienda, pero con autorización del Serviu. Son flexibles cuando se tiene respaldo", añade.
Se venden
El problema de pedir la devolución de las viviendas, dice Ward, es que como el beneficiario es dueño de la vivienda y la tiene inscrita a su nombre en el Conservador de Bienes Raíces, hay que iniciar un procedimiento en tribunales, lo que dilata el proceso.Javier Ruiz-TagIe, académico especialista en políticas urbanas del Instituto de Estudios Urbanos de la Universidad Católica, considera que entregar el dominio de la propiedad es un incentivo para venderla porque, en un cierto plazo, estará disponible. También se incentiva la práctica del arriendo.
"Hay una necesidad generalizada de arriendo y es probable que quien tiene una vivienda se vaya a una toma de terreno, arriende y ocupe ese dinero como ingreso. Eso sucede cuando hay crisis económica o falta de regulación", explica.