Con un juicio abreviado terminó la historia de la mujer que entró al país el 3 de junio proveniente de Estados Unidos y en quien se detectó la variante Delta por primera vez.
La mujer de 43 años había sido acusada del delito de atentado contra la salud pública luego de que la autoridad sanitaria descubriera que no había respetado la cuarentena impuesta. En cambio, asistió al funeral de su padre y en el camino desde Santiago a San Javier, en la Región del Maule, se detuvo a comprar junto a su hermana y cuñado, también acusados del mismo delito.
El pasado viernes, cerca del mediodía, los tres imputados se conectaron a través de una videoconferencia al Juzgado de Garantía de San Javier. Allí, la fiscal Viviana González dio a conocer el acuerdo al que se había llegado junto a la defensa de los imputados y con el que se dio fin al polémico caso.
La mujer, quien admitió responsabilidad en los hechos, recibió una pena de 300 días de presidio menor en su grado mínimo, la que cumplirá en libertad. "Se le sustituye el cumplimiento de la pena privativa de libertad impuesta, por la pena de remisión condicional", especifica la resolución, la que agrega que la mujer quedará "sujeta al control administrativo" del Centro de Reinserción Social de Linares (de Gendarmería), por el lapso de un año". Para ello, debe presentarse en el centro mencionado el 8 de septiembre. El fallo detalla que se levanta la medida que le prohibía salir del país. Si quisiera hacerlo, su defensa deberá pedir permiso al tribunal.
"El tribunal compartió los argumentos de que se trataba de un hecho grave, que puso en riesgo a los vecinos de San Javier, al no respetar las disposiciones de la autoridad, que indicaban que no debía mantener contacto con ninguna persona. Esta mujer hizo caso omiso de las instrucciones", dijo Patricio Caroca, fiscal jefe de San Javier.
Para los otros imputados hubo una suspensión condicional del procedimiento y cada uno debe hacer un aporte a la Cruz Roja de San Javier, equivalente a $300.000 en mascarillas y alcohol gel. "Se les concede el plazo de tres meses, en parcialidades de $100.000 cada una, comenzando por la segunda quincena de septiembre, segunda quincena de octubre y segunda quincena de noviembre", dice el fallo.