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Un nuevo acto de violencia se vivió ayer en el frontis del edificio de la Intendencia de Valparaíso, hasta donde llegaron decenas de personas para manifestarse por la pérdida de la visión de su ojo derecho por parte de un manifestante durante la madrugada del 1 de enero.

En el lugar se mantenían reunidos el intendente regional, Jorge Martínez Durán, y los padres del hombre afectado, quien recibió un golpe con un objeto contundente que le provocó una fractura craneal; de acuerdo con el relato del afectado a los médicos que lo tratan, sería una bomba lacrimógena, versión apoyada por el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH).

Los manifestantes aprovecharon el encuentro para lanzar huevos y objetos contundentes que impactaron en los ventanales de la torre de 19 pisos. Algunos de ellos encendieron una fogata; sacaron una bandera chilena y otra de la Intendencia que estaban izadas y las quemaron.

Personal de Carabineros que se encontraba custodiando el recinto los dispersó, tras lo cual los manifestantes se trasladaron hasta el Hospital Carlos van Buren, donde se encuentra internado el hombre, para continuar la protesta.

En tanto, el Ministerio Público inició una investigación para determinar las circunstancias en que se registraron las violentas protestas en la madrugada del miércoles último, tras el espectáculo pirotécnico de bienvenida al 2020 en la Plaza Aníbal Pinto y sus alrededores, en Valparaíso.

En los disturbios que derivaron en enfrentamientos entre manifestantes y Carabineros —que se iniciaron pasada la medianoche y se extendieron hasta las 7:00 horas—, según los informes oficiales, grupos de enardecidos encapuchados intentaron incendiar el edificio donde funciona la Intendencia Regional y el Servicio de Impuestos Internos.

La V Zona de Carabineros entregó ayer un comunicado en el que asegura que “desde las 00:25 horas del día 1 de enero de 2020, en los alrededores de Plaza Aníbal Pinto y subida Cumming de la ciudad de Valparaíso, se registraron violentos incidentes, donde a medida que avanzaban las horas, alrededor de 300 individuos encapuchados comenzaron a lanzar bombas molotov y diversos objetos contundentes hacia el personal institucional”.

Explica que “frente a los serios incidentes, se hizo uso de disuasivos químicos para dispersar a quienes se encontraban ocasionando graves ataques al personal, como asimismo daños a la propiedad pública y privada”.

Respecto de la lesión sufrida por el lesionado, Carabineros indicó que “dispuso el inicio de una investigación administrativa, además de entregar todos los antecedentes sobre este hecho al Ministerio Público, a fin de esclarecer fehacientemente la situación”.

Indagación

En tanto, el intendente regional lamentó lo ocurrido y narró que durante la reunión con los padres del hombre “me he comprometido con su madre a que vamos a hacer todo lo necesario para que se esclarezca la verdad de lo ocurrido, para que sepan todo lo que ocurrió y en eso aportaremos medios probatorios como grabaciones de las cámaras de la Intendencia”, dijo.

Martínez añadió que, al respecto, tomó dos vías de acción: “Solicitar al general jefe de Zona de Carabineros una investigación interna para determinar si hubo algún protocolo no cumplido; y que informe y ponga a disposición del Ministerio Público los antecedentes sobre lo ocurrido”.

La autoridad comentó que ya la Fiscalía Regional inició una investigación e instruyó a la Policía de Investigaciones las primeras diligencias.

Evalúan otra acusación

Parlamentarios de oposición evalúan presentar una acusación constitucional contra el intendente de Valparaíso, Jorge Martínez, por la responsabilidad política que le atribuyen en los hechos que han terminado con heridos y luego que el miércoles el profesor perdiera la visión de un ojo por el supuesto impacto de una bomba lacrimógena.

Así lo planteó el diputado Diego Ibáñez (Convergencia Social), quien recordó que hace unos días otro joven, en Quilpué, sufrió una lesión similar al presuntamente recibir un perdigón. Dijo, además, que la posible acusación “se explica por sí sola”.

En tanto, la seremi de Gobierno, Leslie Briones, señaló que una eventual acusación constitucional contra el jefe regional “solo distrae lo que realmente importa, que es avanzar en la agenda social”.

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