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La Segunda Sala de la Corte de Apelaciones de Antofagasta dispuso el sobreseimiento definitivo
La Segunda Sala de la Corte de Apelaciones de Antofagasta dispuso el sobreseimiento definitivo de Francisco Marín, el gerente de Codelco despedido en julio pasado por decir la palabra "bomba" en el aeropuerto de Calama. El tribunal estimó que el Ministerio Público fue incapaz de demostrar que el ejecutivo cometió el delito de falsa alarma de calamidad pública.

El pasado 25 de julio, Marín fue acusado por personal del terminal aéreo de decir, a viva voz, que tenía una bomba en la mochila, mientras hacía la fila con sus colegas en la zona de control de equipaje de mano. El ejecutivo afirmó que jamás dijo eso. Según él, sus palabras fueron: "¿Se fijaron de la bomba en Santiago?, en relación al atentado explosivo en la 540 Comisaría de Carabineros en Huechuraba, ocurrido pocas horas antes.

De inmediato se activó el protocolo de seguridad, pese a que la mochila había sido revisada por la máquina de rayos X sin encontrar ningún artefacto sospechoso. El personal del aeropuerto lo llevó a una oficina y llamó a Carabineros para que lo llevaran detenido. Pasó la noche en un calabozo junto a otros 10 detenidos y en la mañana siguiente fue formalizado por el delito de falsa alarma. Después de la audiencia se enteró que había sido despedido de Codelco.

Criterio

Los abogados Ciro Colombara y Aldo Díaz tomaron a defensa de Marín y solicitaron una audiencia de sobreseimiento definitivo que ocurrió en septiembre. En esa oportunidad, el Tribunal de Garantía de Calama rechazó la petición por considerar que todavía faltaban pruebas para aceptar la versión de Marín. Los abogados recurrieron entonces ante la Corte de Apelaciones.

El tribuna de alzada sí le dio la razón al ejecutivo. El fallo se hizo público este lunes y establece que a los funcionarios les faltó aplicar criterio.

Marín declaró estar tranquilo y optimista. "Todos podemos cometer errores, pero acá hubo uno en que funcionarios de dos organizaciones me Juzgaron equivocadamente por delitos que no cometí y eso tuvo consecuencias terribles para mi familia, trabajo e imagen personal. Sin mencionar que fui esposado públicamente, privado de libertad en una comisaría cerca de 16 horas y puesto a disposición de tribunales de forma innecesaria e injusta.

Los abogados Colombara y Díaz, declararon que "lo que ocurrió con Francisco es inaceptable en una sociedad democrática como la nuestra y preocupa que los principios de inocencia no broten espontáneamente".

Además, desde su oficina confirmaron que el ejecutivo inició un proceso de tutela de derechos en el Juzgado del Trabajo de Antofagasta.

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