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Aseguradora informó que no pagará indemnización por choque de bus
Leslie Ceballos perdió a su hija Florencia Fernández (9) en la madrugada del 29 de julio, en el accidente en que un bus Línea Azul chocó y volcó en la Ruta 5 Sur, en el sector de Mostazal, Región de O'Higgins. En la tragedia murieron otras cinco personas, entre ellas una de las abuelas de la menor.

Ayer, Ceballos, quien por el impacto emocional está con licencia médica en Temuco, recibió un e-mail de la empresa de seguros Liberty, que plantea que “no existe relación contractual que nos obligue al cumplimiento de su requerimiento de indemnización”.

Ceballos relató a “El Mercurio” que el miércoles de la semana pasada, al momento de presentar la documentación ante Liberty para activar el cobro del Seguro Obligatorio de Accidentes Personales (SOAP), “la persona que nos atendió dijo que esto iba a ser complejo y, sin ningún tino, nos planteó que era casi imposible que se hicieran cargo del seguro”.

Consultada por las razones planteadas para esa negativa, Ceballos detalló que “por el tema de la máquina clonada, la compañía no se iba a hacer responsable”.

En el texto recibido por correo electrónico, que según Ceballos también fue recibido en Santiago por la familia de María Betsabé Gatica (73), la abuela paterna de su hija, la aseguradora citó en su argumentación el artículo 24 de la Ley 18.490 (SOAP), que establece que la póliza “cubre los riesgos de muerte y lesiones corporales que sufran las personas como consecuencia de accidentes en que intervenga el vehículo asegurado, sus remolques o sus cargas”.

A partir de ello, Liberty establece que “según consta en acta de la audiencia de formalización, de fecha 31 de julio de 2019, llevada a cabo ante el Juzgado de Garantía de Graneros, el vehículo que participó en el accidente no posee un SOAP contratado con la compañía” y que “Liberty emitió la póliza para el vehículo placa patente única BYXL-64 y no para el vehículo placa patente única CBTV-17, que participó en el siniestro”.

Junto con reclamar por la falta de asesoría por parte de las autoridades de Gobierno, Ceballos revela que luego de recibir el mensaje se comunicó con el jefe de siniestros SOAP de Liberty y que este le recomendó que “demandemos al dueño de la empresa, a lo que le respondí que por qué yo tengo que hacer esto si compré el boleto en un lugar establecido”. Además, prosiguió Ceballos, “esto es un delito y ellos tienen que hacerse cargo”.

Luego de conocerse la respuesta de Liberty, desde Línea Azul se informó que “se están realizando las gestiones con las pólizas, sin descartar otras posibles vías para ir en apoyo de las víctimas”, agregando que “la empresa asumirá los costos, al margen de los seguros”.

Desde la Fiscalía de O'Higgins se explicó que la obtención de la documentación con la que circulaba el bus siniestrado, entre la que se encuentra el SOAP, es parte de la indagatoria con respecto a los alcances de los daños causados, en la conducta de dolo eventual que correspondería al cambio de las placas patentes de los buses.

Este es uno de los hechos investigados en la causa, entre otras irregularidades detectadas, que mantiene al dueño y representante legal de la empresa de transporte de pasajeros, Marcelo Hernández Sandoval, en prisión preventiva, por los 200 días que el Juzgado de Garantía de Graneros determinó como plazo para el cierre de la investigación. El jefe de taller de la misma empresa, Daniel Guajardo, y el conductor del bus, Edison Aedo Recabal, permanecen con arresto domiciliario total y arraigo nacional.

Durante la jornada, la ministra de Transportes, Gloria Hutt, no se refirió al tema. Sin embargo, la semana pasada precisó que “la ley es muy clara y dice que existiendo un seguro se paga, independiente del resultado de la investigación”. Con los antecedentes de ese momento, Hutt manifestó que “la patente registrada tenía un seguro activo, por lo que no debería haber problema para el pago a las personas”.

No fue posible obtener una versión de la empresa de seguros sobre el documento hasta el cierre de esta edición.

ASESORÍA

Leslie Ceballos y su familia contactaron a un abogado para estudiar acciones legales.

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